La Política del Decálogo

Por François Guillaumat

Prólogo al libro de Patrick Simon, ¿Se puede ser católico y liberal ?, París, 1999.

La norma liberal consiste en someter a todos los miembros de la Ciudad a los cuatro artículos del Decálogo que conciernen a la política :

— no robarás,

— no desearás injustamente el bien ajeno,

— no asesinarás,

— no mentirás,

esta última norma está incluida en la política, porque la mayoría de las mentiras violan de hecho el Derecho o son necesarias para la injusticia.

La justicia liberal, por consiguiente, todo el mundo la conoce, y todo el mundo se somete a ella en su vida cotidiana, incluidos los políticos y otros hombres del Estado, cuando precisamente no actúan como hombres del Estado. Aquel que no se conforma : que golpea a su vecino, agrede a los transeúntes en la calle para robarlos, mata a su mujer, ese se encuentra en la cárcel, en el hospital o en la morgue. La definición liberal de la justicia es por tanto la definición normal de la gente normal. Entonces, ¿por qué aberración debemos sufrir los saqueos y otras vejaciones de un Estado que es socialista como nunca ? ¿Y por qué esquizofrenia tantos clérigos, supuestos « cristianos », y como los demás conscientes y respetuosos de la justicia natural, aprueban de su parte todos esos delitos y crímenes ?

La razón es típica de los engaños del Maligno: «todo el mundo está en contra del robo», explican los sofistas que le sirven, «pero el robo no existe en sí, es “la ley” la que lo define». Para ser claro, serían los hombres del Estado quienes deciden qué es un ladrón y quién no lo es. De la misma manera que con el aborto, ellos determinan hoy lo que es un asesinato y lo que no lo esPlantilla:Ref. A ellos pertenecería, por lo tanto, la definición del bien y del mal.

Es en esto que el liberalismo se opone al estatismo: para él, un ladrón, un asesino no son aquellos que no siguen los procedimientos estatales reconocidos para despojar a su prójimo o enviarlo ad patres: para el liberal, a diferencia del demócrata-social que a menudo se hace pasar por él, el ladrón es quien se apodera del bien ajeno sin su consentimiento; cualesquiera que sean el agresor, la víctima, el motivo del robo, el destino del botín, las «necesidades» de los receptores, o el número de personas que aprueban este robo o niegan que lo sea. Y según los mismos principios racionales de objetividad y universalidad, es un asesino quien mata deliberadamente a un inocente. Punto final: definiciones necesarias y suficientes. En cuanto a saber de qué lado está el Decálogo, basta con preguntarse si ordena: «harás lo que digan los hombres del Estado», «adorarás la Democracia» o si, al contrario, repite: «no robarás», «no asesinarás», etc.

Otro aspecto del eritis sicut dei que los clérigos parecen ya no condenar como lo hace el liberalismo: el rechazo de aplicar a los hombres del Estado las prescripciones universales de la moral y del Derecho. Para los estatistas, aparentemente existiría un sombrero de hechicero, con la inscripción «HOMBRE DEL ESTADO», que transformaría todas las mentiras, todos los saqueos, todos los asesinatos, en una forma de «justicia superior» con tal de llevarlo. ¿Es verosímil, sin embargo, que el Decálogo no se dirija a los hombres del Estado? ¿Deberían ser dispensados de estas prohibiciones de hacer el Mal porque son aquellos que más pueden hacerlo, siendo los únicos que pueden usar impunemente la violencia agresiva? ¿No son seres humanos como los demás, e incluso más propensos al error y al crimen, siendo quienes pueden obligar a los demás a soportar sus consecuencias en su lugar? ¿No son supremos aquellos que pueden mentir, robar, asesinar?

Que nuestros clérigos no se quejen demasiado rápido ante el «simplismo» de esta «caricatura». Porque esto es también lo que implica su propia invocación del «bien común» en contra del liberalismo. Solo añade una fórmula ritual como condición de eficacia del sombrero, pero la inconsecuencia mágica es la misma: sí, dicen en esencia, los hombres del Estado tienen el «derecho» de disponer del bien ajeno contra su voluntad, a condición de alegar un destino particular del botín. Pero el destino es indefinible y el pretexto absurdo, puesto que el principio liberal de no agresión, como descubrieron los últimos Escolásticos, es precisamente la solución de este programa de investigación que es la cuestión del «bien común».

La no agresión es la única definición del acto justo que es constatable por todos: definiendo como propiedad legítima todo lo que no se ha objetivamente robado, es decir, adquirido por violencia y engaño, este principio es universal y exclusivo de cualquier otro. Al admitirlo «pero en ciertos límites», porque pretenden hacerlo depender de otras normas supuestamente «superiores», como el «bien común», el «derecho a la vida» y otras «destinaciones universales de los bienes», los clérigos no solo arrojan la lógica por la borda: al rechazarla, abandonan toda la objetividad de lo Justo. Entregan a la arbitrariedad el conjunto de reglas políticas y sociales y, de este modo, tengan conciencia de ello o no, abrazan no solo el subjetivismo, sino el utilitarismo que pretenden detestar. Porque para definir la justicia más allá de los criterios del Decálogo, tendrían que poder sondear los riñones y los corazones. Y, por supuesto, quien quiere hacer el ángel hace la bestia. Así es como se llega a encontrar más razonable, menos extremista, decir siguiendo la fórmula del Cardenal de Lubac, que dos y dos harían cuatro y medio.

El antiliberalismo de nuestros clérigos les ofrece muchas otras ocasiones de renegar los principios y los valores del cristianismo: confundiendo la moral con la justicia, invocan sus recomendaciones contra el Derecho de los demás, olvidando —o fingiendo olvidar— que ese Derecho a elegir es una condición necesaria del acto moral, y toman por caridad esa pretendida «solidaridad» que no es, para citar a San Agustín, más que un bandidaje estatal. ¿Robar a los demás supuestamente en beneficio de los pobres, es realmente lo que Cristo pedía a los poderosos? ¿Y cómo creer que lo admiten por preocupación concreta de ayudar a los necesitados, cuando su «realismo» consiste sobre todo en tragarse todas las piadosas declaraciones de los hombres del Estado, como si la redistribución política no consistiera por definición en que los fuertes roban a los débiles, siendo los pobres siempre las principales víctimas?

Tratando con desprecio la obligación de servir a los demás para servir a uno mismo que caracteriza las relaciones por definición voluntarias de la sociedad liberal, abrumando de burlas la «mítica mano invisible», elogian a los hombres del Estado que destruyen esta necesidad real del servicio prestado a los demás en medio de discursos sobre el supuesto «servicio público», institución que, por naturaleza y por vocación, está efectivamente dispensada de ello por su violencia subvencionadora y monopolística: non serviam! Acusando de «idolatrar el mercado» a aquellos que solo toman en serio las prescripciones políticas del Decálogo, rechazan su definición del acto justo a favor de utopías de «justicia social» que implican que los hombres del Estado serían Omnipotentes, Omniscientes e Infinitamente Buenos y se encuentran chapoteando en su materialismo práctico, porque son ellos quienes razonan seriamente a partir de supuestas «medidas» de los proyectos humanos con sumas de dinero, habiendo perdido toda conciencia del abismo moral que separa el dinero honesto de aquel que han robado. ¿Y para hablar de «mercado» quién más que ellos mismos no tiene esa palabra en la boca? La regla de vida que quisieran descalificar siendo el simple principio de no agresión, íntimamente conocido y reconocido por todos, ¿cómo convertirlo en un monstruo, si no lo disfrazan con un nombre que nadie entiende, empezando por ellos mismos?